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Contraloría investiga funcionarios de cinco municipios del Huila por no girar recursos del PAE

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Entre estos, revela un reciente informe del órgano de control, Rivera y Suaza, que llevan dos años sin girar el dinero para los niños. Se investigan quiénes serían los responsables de semejante desacierto, por falta de gestión de unos y por posibles desvíos de recursos de otros.

El no cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que involucra a 128.219 alumnos en el Huila ha generado la búsqueda de nuevas responsabilidades fiscales a varios funcionarios de la Secretaría de Educación del Departamento, de acuerdo con el reciente informe de la Contraloría General de la República.

En este documento se habla de hallazgos que constituyen una primera etapa de las investigaciones por este crucial tema.

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Por su parte, la Fiscalía le confirmó que en las próximas horas se formalizará la imputación de cargos a varias personas vinculadas con los malos manejos de los recursos para la comida de estudiantes en el departamento.

Los hallazgos

Dentro de los hallazgos fiscales de la Contraloría se habla acerca de la deficiente gestión de algunas personas responsables del sostenimiento de la alimentación de los escolares, que dice la Contraloría puso en riesgo la financiación del programa.

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Está el caso particular de municipios como Elías, Gigante, Nátaga, Rivera y Suaza, que hasta el primer semestre de este año no tenían reportado el pago correspondiente a la vigencia del 2017, es decir, que estos municipios están colgados con la apreciable destinación del 80 por ciento de los recursos del Sistema General de Participación para la cofinanciación del PAE.

El retardo en este pago ya suma por esta parte 306 mil millones y medio de pesos, solo en los cinco municipios aquí mencionados.

Es decir, que los alcaldes han desconocido el acta de compromiso que se suscribió el 23 de marzo del año pasado, que involucra al Departamento y a 35 municipios, de hacer anualmente el correspondiente aporte a la ración alimenticia de los niños y niñas.

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Como si fuera poco, revela el mismo informe, que al 31 de diciembre del 2017 se evidencia el no pago de 144.427 millones de pesos del 2016 y se menciona a los municipios de Rivera y Suaza, como los más morosos del PAE.

Todo esto lleva al entendimiento que solo Suaza –sumando los dos años– ha dejado de pagar más de 189.376 millones de pesos, le sigue Rivera con más de 126.615 millones.

Financiación PAE

Es importante tener en cuenta que la ley que ampara el PAE establece que este programa se debe financiar de diferentes fuentes y que las más importantes son las reservas presupuestales del Ministerio de Educación y el Sistema General de Participación, que hacen parte de un esquema de bolsa común,  es decir, que desconocer esta inferencia, aseguró una fuente de la Contraloría, acarrea a que se exponga la alimentación de los menores en 186 establecimientos educativos oficiales. “Que no deja de tener responsables, de un elemento importante para el desarrollo y educación de los niños del Huila”, precisó la fuente.

El siguiente paso dentro de este proceso está en establecer quienes serían  los responsables de esta posible omisión, de aquellos que no han hecho su aporte y los, por parte de la Secretaría de Educación, que dejaron de hacer el cobro.

Durante varios días se buscó la opinión de la Secretaría, sin embargo no hubo una respuesta sobre esta posible falta. No obstante, se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial sobre este hallazgo fiscal que hizo el órgano de control del Estado.

Recordemos que por la mala ejecución de unos contratos, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional del Huila, y la Corporación para el Desarrollo Integral de la Comunidad, ‘Los Girasoles’, en el 2015, fueron condenados Paula Eleonora Arciniegas, Luis Alejandro Useche Acosta y Fabio Leonardo López Varón,  como responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, por sustraer los recursos  para la atención de la primera infancia y de sus madres lactantes, en un programa denominado de  ‘De cero a Siempre’.

Esta irregularidad produjo un descalabro económico de más de 817.000 millones de pesos que estaban destinados a habitantes de menores recursos en Neiva.

Texto tomado del DIARIO DEL HUILA.