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Los enredos jurídicos del alcalde de Elías por la compra de un Manual de Contratación

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INFORME ESPECIAL 

Esta investigación hace parte de la reciente Jornada Anticorrupción de la Fiscalía que se realizó en Neiva. La denuncia la interpuso el personero de Elías, quien aseguró que los socios de una firma contratista, que recibió el dinero,  fueron a su vez asesores jurídicos externos de las mismas administraciones, es decir, que figuraron como revisores y ejecutores del entramado irregular.

Entre las cientos de carpetas que recogió el pasado miércoles la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, en la llamada Jornada Anticorrupción en Neiva, está la denuncia que recabó el personero municipal de Elías, Huila, Jan Marco Cortés Guzmán, quien aseguró que su acusación contra un abogado de la región se encuentra engavetada. Pero, para la vicefiscal Riveros la investigación está en curso y “en los próximos días se conocerán sus resultados”.

Harby Islam Rodríguez Ortiz

Este caso tiene que ver con un contrato que ejecutó con el municipio de Elías uno de sus asesores jurídicos, que a la vez hizo de contratista, Harby Islam Rodríguez Ortiz, a quien se le acusa de haber vendido a cuatro alcaldías del Huila el mismo Manual de Contratación, presunta actividad ilícita de la que recibió 42 millones de pesos “por unas fotocopias” tal y como se lee en el escrito.

Como si fuera poco, se busca establecer si el abogado calcó, al parecer, el original del Manual con que cuenta Medellín (Antioquia), ciudad en la que se valieron de  un equipo interdisciplinario para su elaboración.

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Este tipo de manuales es de suprema obligación en los municipios del país, porque es una guía  para la ejecución de procesos administrativos de contratación, de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

Este exasesor jurídico de Elías, especializado en Derecho Administrativo y Contratación Estatal manifiesta en su publicidad, fue formalmente denunciado ante la Fiscalía de Neiva el pasado 16 de enero a la 1:20 de la tarde, por el delito de presunto interés indebido en la celebración de contratos.

Según el Personero, su despacho se percató de esta irregularidad hace más de un año, al solicitar copia del Manual de Contratación y Compras de este municipio. “Es cuando se observó en la parte superior de los anexos el slogan y marquilla del municipio de Oporapa, hecho que llamó la atención, máxime cuando se estaba revisando en ese momento el Manual de Elías”, precisa la denuncia.

A partir de allí se iniciaron las indagaciones, contando entre los folios como principal elemento de prueba la hoja de vida del contratista, el representante de la firma ‘Asesorías Rodríguez & España S.A.S.’,  en cabeza del abogado Rodríguez Ortiz.

“Indicaba (el Curriculum Vitae) que durante el año 2015 dicha sociedad le había prestado servicios a los municipios de Oporapa, Suaza y La Argentina (Huila). Es entonces cuando se descubre que el mismo escrito, las fieles copias,  era el que habían adquirido estas alcaldías de la región y que Elías había pagado por las mismas la suma de 20 millones de pesos.

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Esto se puede cotejar en el contrato 048 que se firmó el 1° de marzo del 2016 siendo alcalde Juan Diego Trujillo Artunduaga, en el que se estableció un plazo de un mes para su elaboración, sin embargo, a los 15 días calendarioeste Manual ya estaba listo y se sella el pago del mismo el 16 de marzo del mismo año. Pero, este pago se hizo efectivo sin tener en cuenta que el contratista se había comprometido a efectuar unas capacitaciones y acompañamientos a los funcionarios que tuviesen que ver con actividades contractuales, “diligencia que nunca se cumplió”.  No obstante, se libró la orden de desembolso en esa misma fecha, una acción curiosamente rápida.

En la investigación de la Fiscalía está el testimonio de Diana Marcela Triviño Silva, quien se desempeña como jefe de la Unidad Administrativa y Financiera de Elías. Aseguró que el documento que se recibió de Oparapa, es el mismo Manual de su Municipio y aseveró que los funcionarios nunca recibieron la capacitación de la que se veía obligada hacer el contratista.

“El alcalde (Juan Diego Trujillo) conocía de ese Manual y fue aprobado con su firma”, declaró Triviño Silva.

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En estas indagaciones ya fue llamado a declarar Franco Trujillo Claros, la persona que se desempeñaba como jefe de la Unidad Administrativa para la fecha en que se estableció el acuerdo con la firma Asesorías Rodríguez & España S.A.S., quien confirmó haber sido el que elaboró los documentos y la  supervisión  y estudios previos del contrato; también testificó que fue el mismo contratista, Harby Islam Rodríguez, quien se desempañaba a su vez como asesor jurídico externo de la Alcaldía, la persona que reviso el acuerdo junto con el alcalde Trujillo Artunduaga.

Agregó este testigo que “no se realizó ningún tipo de apoyo a las dependencias del municipio y la difusión y aplicación del nuevo Manualse hizo a través de un funcionario, Constantino Quintero. Además, el membrete de este documento era el de otro municipio, el de Oporapa”.

Precisa en su declaración que cuando observó el logo de otra alcaldía de inmediato le hizo el reclamo al representante de la firma contratista, su compañero de despacho, y este de inmediato los corrigió y los devolvió para que siguiera su curso.

“Pero pese a estas correcciones el documento quedó con algunos apartes irregulares, es decir, con las marquillas de otro municipio en su cuerpo.  Le volví a reclamar al contratista y este me dijo que él se encargaba de hablar con alcalde de estas irregularidades”, expresó en su testimonio Trujillo Claros.

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Entre los documentos, que ya hacen parte del grueso expediente, la Fiscalía  cuenta, además, con el acta suscrita el  16 de marzo de 2016, de la reunión que se hizo en el despacho de la Alcaldía Municipal de Elías, a la que asistieron Juan Diego Trujillo Artunduaga,  alcalde y ordenador de gastos; Franco Trujillo Claros, como  jefe de la Unidad Administrativa y Financiera,  en calidad de supervisor del documento y Harvey Islam Rodríguez Ortiz, como asesor jurídico externo y a la vez contratista, en la que se establece que se ordenaba el pago de los 20 millones de pesos porque se había cumplido con lo acordado.

La investigación de la Fiscalía también apunta hacia Oporapa en donde se pudo establecer que la misma empresa asesora fue la que realizó a esta Alcaldía la actualización del Manual de Contratación, con un nuevo agravante, y es que quien figuraba como asesor jurídico de despacho es también socio de la firma Asesorías Rodríguez & España S.A.S., se trata de Darío España Muñoz.

La Personería de este municipio certificó, según se observa en el expediente,  que la aceptación de la propuesta MC- 034 de 2014 la firmó, con un plazo de ejecución de 30 días y un valor de 11 millones de pesos, el alcalde Yamid Sterling Sánchez. Esta proposición tiene la firma del abogado Harby Islam Rodríguez Ortiz.

Es decir, que de acuerdo con las denuncias y las averiguaciones de la Fiscalía los abogados España y Rodríguez no solo se desempañaban como asesores jurídicos externos de las alcaldías sino que también ejecutaban contratos con ellas.

La Fiscalía además cuenta con copia de las actualizaciones de los Manuales de Suaza y La Argentina.

De esta denuncia ya están en curso procesos en la Procuraduría, Contraloría y Consejo Superior de la Judicatura, en el que estarían involucrados los cuatro alcaldes que se prestaron para este entramado corrupto.

ABC de los delitos de la corrupción en Colombia

Estos son los delitos más frecuentes por los que la Fiscalía investiga a cientos de funcionarios, ex funcionarios y ex contratistas.

En medio de los escándalos por corrupción que se han destapado durante los últimos meses, la opinión pública se ha venido familiarizando con términos como peculado, prevaricato, concusión, cohecho, entre otros.

Peculado: Es el primero y más grave de los delitos contra la administración pública. Aunque se les imputa a los servidores públicos, también se le puede endilgar a particulares que contratan con el Estado en calidad de intervinientes y tiene que ver con la apropiación ilegal, en provecho propio o a favor de un tercero, de bienes del Estado.

Prevaricato: Es el acto de funcionarios que toman decisiones por medio de una resolución, dictamen o un concepto contrarios a la ley.

Concusión: Delito cometido por un servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones induce a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebidos.

Cohecho: Según el Código Penal, se refiere al servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente para retardar, u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.

Concierto para delinquir: El concierto para delinquir es el delito que tiene a más exfuncionarios en la cárcel y tiene que ver con la afectación a la seguridad pública. Básicamente es la participación de varias personas para cometer un delito.

Interés indebido en la celebración de contratos: Es otro delito muy famoso relacionado con el tema de la corrupción y lo comete el servidor público que actúe de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato u operación en las que deba intervenir por razón de su cargo.

Abuso de autoridad por omisión de denuncia: se comete cuando el funcionario público que teniendo conocimiento de una conducta delictiva cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no informe a las autoridades.

Utilización indebida de información oficial privilegiada: Es un delito grave relacionado con la corrupción. Tiene que ver con el aprovechamiento por parte de funcionarios públicos de datos confidenciales de las entidades en las que trabajan, para beneficio propio.

Texto y fotos tomados por cortesía del DIARIO DEL HUILA.