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Un fiscal acorralado

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EDITORIAL* 

La investigación del ‘caso Odebrecht’ desata una tormenta política en Colombia; hay formas de paliar las consecuencias

El huracán del caso Odebrecht, que tantas reputaciones ha arrasado en América Latina en los últimos tiempos, centra ahora su ojo en Colombia, donde la investigación está envuelta en sombras oscuras. Por desgracia, las dudas más graves están relacionadas esta vez con el responsable del organismo encargado de esclarecer el escándalo, la Fiscalía General de la Nación. Ello no sólo supone una dificultad añadida para llegar a la verdad, sino que ha sumido al conjunto del país en una crisis política que los colombianos en forma alguna merecen.

El trabajo del fiscal, Néstor Humberto Martínez, está en entredicho por dos razones. En primer lugar porque, según han revelado unas grabaciones, ya en 2015, antes de llegar a su actual cargo, estaba al tanto de las irregularidades de la constructora brasileña, sin que ese conocimiento le llevara a ninguna actuación razonable, como por ejemplo poner el caso en conocimiento de las autoridades. Y en segundo lugar porque, pese a haberse inhibido de la instrucción del caso cuando asumió el cargo de fiscal al año siguiente, en los últimos días ha demostrado tener pleno control de las indagaciones, de las filtraciones a los medios y hasta de los movimientos de algunos dirigentes opositores.

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Hace tres semanas se conocieron las primeras grabaciones que dejó tras su muerte por infarto el testigo principal de la trama corrupta, Jorge Enrique Pizano, auditor de una de las obras de Odebrecht. Para asegurarse la licitación de un tramo de una vía llamada Ruta del Sol, que conecta Los Andes con el Caribe, la compañía pagó sobornos por al menos 19 millones de dólares. En ese proyecto intervino también Corficolombiana, una empresa de servicios financieros propiedad del Grupo Aval, de la cual el actual fiscal general era entonces abogado. Pizano acudió a él para transmitirle sus sospechas. Néstor Humberto Martínez intentó rebajar sus recelos y le pidió que se quedara “quieto”.

El giro de la investigación, al que se añadió la muerte del hijo del testigo, envenenado con cianuro, ha acorralado a fiscal. Este mantiene, no obstante, que los audios no demuestran ninguna responsabilidad directa y denuncia una “conspiración” de sus adversarios. El martes compareció en el Senado para dar explicaciones, pero acabó convirtiendo su defensa en un ataque contra las voces críticas y admitió seguimientos a líderes como el senador izquierdista Gustavo Petro, que en junio se disputó la presidencia con Iván Duque.

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El hecho de que una figura con el pasado de Martínez esté al frente de la Fiscalía resultaría una anomalía en cualquier otro país democrático. No importa, como asegura él mismo, que las grabaciones no tengan consecuencias legales ni constituyan indicio de delito. Los colombianos merecen una investigación independiente y transparente, libre de sospechas.

Este jueves la Corte Suprema decidirá si nombra un fiscal ad hoc para seguir con las indagaciones. El paso, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en un parche si el fiscal general continúa en su puesto. Por el bien de las instituciones, empezando por la Justicia, y el del conjunto del país, cuya imagen y credibilidad se están viendo zarandeadas estos días, el fiscal general haría bien en reflexionar sobre si su continuidad en el cargo no supone un pesado lastre que Colombia para nada necesita.

*EDITORIAL del 28 de noviembre publicado por el diario EL PAÍS de España. 

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